El Superior Tribunal de Justicia aprobó en 2025 una modificación a la estructura de la Dirección General de Infraestructura y Arquitectura Judicial, incorporando el rol de Subdelegado de Mantenimiento y reorganizando el área con el objetivo de optimizar la planificación, supervisión y ejecución de las tareas de mantenimiento en toda la provincia. La medida quedó formalizada mediante la Acordada Nº 21/2025 y constituye el resultado del proyecto estratégico ARQ02, desarrollado en el marco del Plan Estratégico institucional, con la coordinación de la Jueza Referente Cecilia Criado, la participación del Director del área, Cesar García y el equipo del Centro de Planificación Estratégica.
El proyecto surgió a partir del análisis del crecimiento sostenido del Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial y del incremento de las demandas operativas y administrativas que afronta el Área de Mantenimiento. Gracias a ello, desde el Centro de Planificación se llevó a cabo un análisis estadístico sobre la cantidad y tipo de órdenes de trabajo que se vienen implementando en todas las circunscripciones judiciales. El trabajo permitió revisar la organización vigente, relevar las necesidades existentes y elaborar una propuesta orientada a fortalecer la coordinación territorial, mejorar la distribución de responsabilidades y optimizar el uso de los recursos disponibles.
Como resultado, la nueva estructura incorpora Subdelegados/as de Mantenimiento que actuarán como apoyo a los/as Delegados/as de Mantenimiento de las distintas circunscripciones, fortaleciendo la gestión operativa en las distintas sedes judiciales y favoreciendo una respuesta más ágil y eficiente frente a las necesidades edilicias. La implementación de estos nuevos cargos será gradual, de acuerdo con las necesidades del servicio.
Con la finalización del proyecto ARQ02, el Poder Judicial de Río Negro continúa avanzando en la modernización de su organización interna, promoviendo estructuras más eficientes que acompañen el crecimiento de la institución y contribuyan a garantizar mejores condiciones para la prestación del servicio de justicia.
